Organizaciones sociales y empresarios matanceros analizan el Plan Empalme

En el marco de la celebración del Día del Trabajador, el Presidente Mauricio Macri anunció la puesta en marcha del Plan Empalme, una iniciativa que prevé la incorporación de los beneficiarios de programas sociales al mercado laboral formal. Con ese fin, el Estado nacional asumirá el compromiso de continuar pagando, durante 24 meses, los 4.000 pesos mensuales que perciben como beneficio social. Ese monto será incorporado al salario neto y cada empleador privado pagará el resto: por ejemplo, en un trabajo con un ingreso de 12.000 pesos, la empresa pagará 8.000 pesos y el resto correrá por cuenta del Estado.

Consultados por El1 Digital, referentes empresariales y dirigentes sociales de La Matanza analizaron el anuncio, que quedó oficializado el miércoles pasado con la publicación del Decreto 304/2017 en el Boletín Oficial. Aunque con distintos matices, todos abordaron a la misma conclusión: la iniciativa es positiva, pero para que redunde en la creación real de empleo es necesario reactivar la economía.

En ese marco, Juan Carlos Alderete, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), advirtió que, en principio, el impacto de la medida no será masivo porque la potencial población objetivo del programa “que está en condiciones concretas de reincorporarse al mercado formal representa un porcentaje menor” sobre el total de beneficiarios de los distintos planes sociales. De acuerdo a los cálculos de la CCC, en el Distrito, hoy, son “20.000 las personas alcanzadas” por los programas contemplados por la iniciativa oficial, especificó el dirigente social.

En la misma sintonía, Gerardo Fernández, dirigente del Movimiento Evita en La Matanza e integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), coincidió en que “solo un diez o 15 por ciento de los compañeros está en condiciones de sumarse”. “Tenemos muchos jóvenes que no pueden acceder al empleo porque no tienen terminalidad educativa o porque vivir en una villa, que suele ser un impedimento para que una empresa te tome, o mujeres y hombres de más de 40 años a quienes el mercado ya ha rezagado”, alertó.

En ese marco, Fernández consideró que “el anuncio es puro humo y solo tiene fines electorales”. “No conocemos ninguna empresa en La Matanza que esté buscando personal, sino todo lo contrario: están en un plan de achique. Entonces, para que esto sea efectivo, primero deberían frenarse los despidos, el cierre de empresas y estimular el mercado interno con la recuperación del poder adquisitivo”, exigió.

Otro de los aspectos que genera dudas en los movimientos sociales es que, seducidas por el incentivo económico, las empresas desplacen a parte de sus empleados para reemplazarlos por los trabajadores subsidiados. “Si no se encamina seriamente, esto puede tender a la flexibilización laboral porque más de uno va a preferir echar gente y tomar nueva para que el Estado les pague parte del salario. No nos vamos a prestar para que se use al reclamo de la emergencia social para perjudicar a los trabajadores”, advirtió Alderete.

Los empresarios, escépticos
Por el lado de los empresarios, Marcelo Fernández, propietario de una fábrica del rubro textil en La Matanza y actual presidente de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA), evaluó que “el plan puede funcionar como un incentivo para la creación de empleo solo si la economía se reactiva”. “Para volver a la senda de tomar empleados, dependemos de que el consumo vuelva a ponerse en marcha, baje el nivel de importaciones y se revitalice el mercado interno, que está muy debilitado. Antes de pensar en sumar empleados, debemos corregir todas estas cuestiones porque 2017 viene peor que el año pasado”, observó.

“Todo dependerá de la reglamentación y la cantidad de trabas que se ponga para implementar el programa. Nos encantaría sumarnos, pero la falta de actividad es general, aunque hay esperanzas de que se reactive en algún momento”, evaluó José Batista, secretario de la Unión Industrial del Partido de La Matanza (UIPMA). El referente del sector recordó que, a nivel local, “las industrias de calzado, textil y metalúrgica están con una caída de entre 30 y 40 por ciento, y el que menos afectado está es el rubro alimenticio que, de todos modos, tiene una baja de un 20 por ciento”.

Por su parte, Jorge Ganimian, presidente de la UIPMA, reclamó políticas específicas para las pequeñas y medianas empresas. “Las PyMEs estamos olvidadas y tenemos más obligaciones impositivas que las multinacionales. Los costos laborales son muy altos y eso atenta contra la generación de empleo”, cerró.